Sentimos comunicaros que el Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la demanda interpuesta por ANIADE en relación con la limitación de la movilidad de los PIF de Sanidad Vegetal.
Tras el fuerte esfuerzo económico de la asociación y la dedicación personal de algunos miembros, hemos de asumir este resultado con el que, además, agotamos la vía judicial. Aunque sabíamos que la estadística de éxito de las demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional era menor de un 5%, en su momento consideramos que había que llegar hasta el final porque creíamos que teníamos razón.
Admitiendo los resultados judiciales, seguimos creyendo que tenemos razones para mantener nuestra posición. No nos arrepentimos de lo actuado; seguimos considerando la actuación de la Administración:
De cuestionable legalidad: La única sentencia que entró en el fondo del asunto fue el fallo en primera instancia, que se limitó a aplicar la doctrina existente en la Audiencia Nacional que anteponía la potestad de autoorganización de la Administración. No obstante, dicha sentencia señalaba, en el apartado en el que se acoge a la doctrina de la Audiencia Nacional, que nuestros razonamientos no eran desacertados:
“(….) si bien la argumentación de la parte recurrente sobre la justificación de la Base no deja de ser sugerente, criterios de seguridad jurídica obligan a mantener….”
Y en el apartado de imposición de costas :
“….las dudas de derecho que planteaba el recurso en cuanto a la suficiencia de justificación de la exclusión examinada justifican la no imposición de costas….”
con lo que entendemos que el Juez de Primera Instancia expresó que la demanda de ANIADE tenía fundamentos correctos, pero tuvo que aplicar la mencionada doctrina de la Audiencia Nacional lo que, con independencia de estar obligados a asumir dicho criterio, no impide que nos cuestionemos realmente sobre su adecuación para este caso.
La posterior sentencia de la Audiencia Nacional no hace sino ratificarse en la doctrina reiterada, y la inadmisión a trámite del Tribunal Constitucional versa únicamente sobre el supuesto incumplimiento de derechos fundamentales susceptibles de amparo. Es decir, sólo el Juez de Primera Instancia entró en detalle con el fondo de la cuestión y se vio obligado a plegarse sobre el criterio de la Audiencia Nacional pero aclarando que existen dudas de derecho justificables.
Anti profesional: La imposición de un veto a la participación en los concursos supone ignorar otras vías de trabajo por parte de la Secretaría de Estado de AAPP que sí que podrían mejorar esta gestión del personal sin menoscabar sus derechos personales y profesionales. La Administración tiene múltiples mecanismos para dotar de personal necesario y, desde ANIADE y FEDECA, se ha ofrecido colaboración para plantear medidas diferentes y más concretas y estudiadas, incluso más económicas y mucho más profesionales en estos puestos y siempre sin perder el carácter funcionarial ni la especialización agronómica ni la competencia estatal. Sabemos que el problema está en la falta de personal, pero no entendemos por qué no se abre esta otra línea de trabajo en lugar de establecer, sin más, un veto general a los Inspectores de Sanidad Vegetal.
Desproporcionada e inadecuada: Así lo consideramos en la medida en que altera enormemente la vida personal y la carrera de las personas afectadas, que ahora mismo son pocos funcionarios. En este sentido, aplicar un veto con estas drásticas consecuencias personales y profesionales para tan pocas plazas, sin plantearse otras alternativas que sí existen, denota desproporción entre la medida aplicada y sus efectos sobre las personas. Creemos que se ha generado un problema donde podía no haberlo.
Injusta: A pesar de no ser ilegal, de acuerdo con las sentencias, la medida es muy injusta. La Administración “justifica” el veto por ser personal “esencial” y de “carácter prioritario” pero todos vemos que, precisamente por ese carácter “esencial” y “prioritario” se les trata mucho peor. Los Inspectores y Coordinadores de Sanidad Vegetal no han elegido, en la mayoría de los casos, las provincias o ciudades donde trabajan, ni tampoco eligieron un puesto con restricciones de movilidad. Son condiciones que les han sido impuestas por razón del destino adjudicado y de manera sobrevenida. Pero son funcionarios que, exactamente igual que nosotros, tienen los mismos derechos y obligaciones. Les ha tocado ser personal “esencial y prioritario” pero se les trata mucho peor que a los demás, se les discrimina en su derecho a la movilidad y, por tanto, en su carrera profesional y en su vida personal. Casi nadie aceptaría estas condiciones por una percepción mayor de sueldo pero es que, además, esa diferencia de sueldo apenas existe. Son condiciones muy duras con las que se les “premia” por ser tan necesarios. No será ilegal, pero es muy injusto.
Por todo ello, a pesar de encontrarnos con sentencias desfavorables, creemos firmemente que se trata de una medida muy injusta, desproporcionada, inadecuada, antiprofesional y de cuestionable legalidad. Nadie puede justificar esta actuación, que tanto perjuicio sigue haciendo. El daño nos lo hace a todos, tanto a los que ejercen como Inspectores de Sanidad Vegetal (los más afectados) como al resto de ingenieros agrónomos, pues se discrimina y perjudica a nuestro colectivo lo que, con seguridad, no ocurriría con otros cuerpos de la Administración. .
“Preconcurso”
Con independencia de lo anterior, la Administración ha convocado un “Preconcurso” para que los Inspectores de Sanidad Vegetal de PIF puedan optar a las plazas del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado en el MAGRAMA de la nueva promoción (OEP-2014). Con ello se aplica un criterio más justo que el del sistema anterior, de manera que los que estén trabajando fuera de Madrid puedan optar a las plazas del Ministerio de Agricultura en la capital con preferencia sobre los nuevos funcionarios. Se nos ha trasladado también la intención de la Administración de aplicar nuevamente este mecanismo en el futuro.
Creemos que este “Preconcurso” ha sido un buen trabajo y agradecemos a la Subsecretaría de Agricultura y a la S. E. de Administraciones Públicas la puesta en marcha de este sistema.
No obstante, la postura de ANIADE sobre el veto no cambia, y su supresión inmediata seguirá siendo una prioridad.
Mucho ánimo, todo nuestro apoyo y un fuerte abrazo a los compañeros Inspectores y Coordinadores de Inspección de Sanidad Vegetal.
