SE CUMPLEN 10 AÑOS DEL VETO A LA MOVILIDAD DE LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO EN PUESTOS DE CONTROL FITOSANITARIO EN FRONTERA

En mayo de 2012, Función Pública restringió el derecho a la movilidad de los funcionarios y las funcionarias que ocupan puestos de inspección o de coordinación de inspección de Sanidad Vegetal en la Áreas y Dependencias de Agricultura y Pesca de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, alegando una falta de personal para la cobertura de estos puestos (lo que comúnmente denominamos “veto”). Desde entonces, estos profesionales solo pueden participar en los concursos de méritos cuando cuenten con, al menos, seis años de servicios en dichos destinos, cuando esta restricción no es aplicable para el conjunto de los empleados públicos.

Estos puestos ubicados principalmente en puertos y aeropuertos están ocupados, fundamentalmente, por Ingenieros Agrónomos del Estado cuyas funciones de inspección fitosanitaria en frontera se constituyen como una fase estratégica que sirve de barrera a la entrada de plagas y enfermedades en nuestros ecosistemas y en nuestros cultivos, por tanto afecta a los intercambios comerciales de materias primas y alimentos y por extensión a toda la cadena alimentaria que depende de este suministro de alimentos, y por supuesto afecta a la sostenibilidad medioambiental. En definitiva los mayores beneficiados de este servicio público prestado por los ingenieros agrónomos del Estado son nuestros agricultores y consumidores. Es por ello que se trata de una actividad de la que nos sentimos orgullosos como colectivo y de la que la presente situación contribuye al deterioro de la imagen y prestigio de estos puestos estratégicos para nuestro sector primario.

 Durante los casi 10 años transcurridos, ANIADE ha manifestado su disconformidad con esta medida, por considerar que esta limitación a la movilidad, que claramente cuestiona el cumplimiento del derecho a la carrera profesional y a la movilidad recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, supone no sólo un perjuicio para el funcionario, sino una injusta rebaja de su consideración profesional que inevitablemente puede perjudicar la mejor prestación del servicio. En todo caso, siempre hemos entendido esta situación como algo absolutamente excepcional, confiando en que desaparecería esta excepcionalidad en el contexto actual en el que se han cubierto estos puestos con funcionarios de nuevo ingreso provenientes de las ofertas de empleo público de los últimos años.

Así lo han entendido los Ministerios de los que dependen estos puestos:

El pasado 6 de octubre de 2021, el Ministerio de Política Territorial, del que dependen orgánicamente los puestos afectados, nos comunicó que iniciaba los trámites para poner fin al “veto”, ya que la situación actual no justificaba su permanencia. Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de dependencia funcional, nos ha manifestado que comparte el mismo criterio.

El 31 de enero de 2022, el Ministerio de Política Territorial nos informó de que había “remitido a la Dirección General de Función Pública la petición formal de eliminación del veto a los puestos de inspectores de sanidad vegetal”.

Transcurridos 6 meses desde que los Ministerios implicados reconocieron expresamente que la situación de excepcionalidad que motivó el “veto” ha desaparecido, se continúan vulnerando los derechos de los trabajadores afectados e impidiendo que participen, en igualdad de condiciones, en sucesivos concursos.

 Tras el reconocimiento de los Ministerios de los que depende orgánica y funcionalmente las competencias de los Puestos de Control en Frontera (PCF) de la inexistencia de condiciones que avalen esta vulneración de los derechos de los empleados públicos, ANIADE ni entiende ni puede asumir que se siga manteniendo esta medida de forma injustificada por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Con todos estos antecedentes y como últimos pasos para reivindicar nuestros derechos y resolver tal situación hemos planteado esta situación a la Ministra de Hacienda y Función Pública así como al Defensor del Pueblo, en los mismos términos y con la claridad expuesta en los párrafos anteriores. De no ser atendidas, el último episodio de esta desagradable situación será la convocatoria de una huelga para el conjunto del servicio de inspección de sanidad vegetal en frontera presente en puntos de control fronterizo (principalmente puertos y aeropuertos) encargados de la inspección fitosanitaria de la mercancía de naturaleza vegetal.

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