En
mayo de 2012, Función Pública restringió
el derecho a la movilidad de los funcionarios y las funcionarias que ocupan
puestos de inspección o de coordinación de inspección de Sanidad Vegetal en la
Áreas y Dependencias de Agricultura y Pesca de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno, alegando una falta de personal para la
cobertura de estos puestos (lo que comúnmente denominamos “veto”). Desde
entonces, estos profesionales solo pueden participar en los concursos de
méritos cuando cuenten con, al menos, seis
años de servicios en dichos destinos, cuando esta restricción no es
aplicable para el conjunto de los empleados públicos.
Estos
puestos ubicados principalmente en puertos y aeropuertos están ocupados,
fundamentalmente, por Ingenieros Agrónomos del Estado cuyas funciones de
inspección fitosanitaria en frontera se constituyen como una fase estratégica
que sirve de barrera a la entrada de plagas y enfermedades en nuestros
ecosistemas y en nuestros cultivos, por tanto afecta a los intercambios
comerciales de materias primas y alimentos y por extensión a toda la cadena
alimentaria que depende de este suministro de alimentos, y por supuesto afecta
a la sostenibilidad medioambiental. En definitiva los mayores beneficiados de
este servicio público prestado por los ingenieros agrónomos del Estado son nuestros
agricultores y consumidores. Es por ello que se trata de una actividad
de la que nos sentimos orgullosos como colectivo y de la que la presente
situación contribuye al deterioro de la imagen y prestigio de estos puestos
estratégicos para nuestro sector primario.
Durante los casi 10 años transcurridos, ANIADE ha manifestado su disconformidad con esta medida, por considerar que esta limitación a la movilidad, que claramente cuestiona el cumplimiento del derecho a la carrera profesional y a la movilidad recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, supone no sólo un perjuicio para el funcionario, sino una injusta rebaja de su consideración profesional que inevitablemente puede perjudicar la mejor prestación del servicio. En todo caso, siempre hemos entendido esta situación como algo absolutamente excepcional, confiando en que desaparecería esta excepcionalidad en el contexto actual en el que se han cubierto estos puestos con funcionarios de nuevo ingreso provenientes de las ofertas de empleo público de los últimos años.
Así lo han entendido los Ministerios de los que dependen estos
puestos:
El pasado 6 de octubre de 2021, el Ministerio de Política Territorial, del que dependen orgánicamente
los puestos afectados, nos comunicó que iniciaba
los trámites para poner fin al “veto”, ya
que la situación actual no justificaba su permanencia. Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de dependencia funcional, nos ha manifestado que comparte el mismo criterio.
El
31 de enero de 2022, el Ministerio de Política Territorial nos informó de que
había “remitido a la Dirección General de Función Pública la petición formal
de eliminación del veto a los puestos de inspectores de sanidad vegetal”.
Transcurridos
6 meses desde que los Ministerios
implicados reconocieron expresamente que la situación de excepcionalidad que
motivó el “veto” ha desaparecido, se continúan
vulnerando los derechos de los trabajadores afectados e impidiendo que
participen, en igualdad de condiciones, en sucesivos concursos.
Tras el reconocimiento de los Ministerios de los que depende orgánica y funcionalmente las competencias de los Puestos de Control en Frontera (PCF) de la inexistencia de condiciones que avalen esta vulneración de los derechos de los empleados públicos, ANIADE ni entiende ni puede asumir que se siga manteniendo esta medida de forma injustificada por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Con todos estos antecedentes y como
últimos pasos para reivindicar nuestros derechos y resolver tal situación hemos
planteado esta situación a la Ministra de Hacienda y Función Pública así como
al Defensor del Pueblo, en los mismos términos y con la claridad expuesta en los
párrafos anteriores. De no ser atendidas, el último episodio de esta
desagradable situación será la convocatoria de una huelga para el conjunto del
servicio de inspección de sanidad vegetal en frontera presente en puntos de
control fronterizo (principalmente puertos y aeropuertos) encargados de la
inspección fitosanitaria de la mercancía de naturaleza vegetal.
